Esta ley lleva el nombre de una víctima de femicidio, Micaela García, de 21 años de edad, militante del Movimiento Evita y también del movimiento “Ni Una Menos”. El femicidio fue perpetrado por una persona condenada con una pena de 9 años por la violación de dos mujeres, ocurrido anteriormente a la violación seguida de femicidio de Micaela, mientras que se encontraba con el beneficio de libertad condicional. Micaela era una joven mujer con cientos de proyectos, con una vida que abrazaba a su comunidad, con compromiso por los derechos Humanos, con la realidad que la rodeaba y con el valor de la vida. La conmoción social del hecho y la violencia institucional que develó, en el marco de las movilizaciones del “Ni Una Menos” y debates emergentes como producto de las luchas sociales y cambios socioculturales, dieron fuerza a demandas históricas que exigían reconfiguraciones con fuerte dimensión institucional, que pusieran en primer plano la necesidad de capacitación en perspectiva de género a los organismos del Estado y a todo el personal que lo conforma en sus distintos niveles y jerarquías.
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